Derecho vs. realidad: el acceso a medicamentos en México y la vida cotidiana de quienes dependen de ellos

Por: Marlene Torres Figa

En México hablar del derecho a la salud es hablar de un ideal profundamente

arraigado en nuestra Constitución. El artículo 4º de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas tienen derecho a recibir

servicios de salud, y la Ley General de Salud define de manera concreta que el

Estado debe proporcionar los medicamentos necesarios para preservar ese

derecho. Sobre el papel, el sistema parece claro, sólido y suficiente. Pero basta con

asomarse a un hospital de primer nivel o a una clínica familiar para descubrir una

realidad completamente distinta: recetas que no se surten, pacientes que regresan

una y otra vez sin obtener sus medicamentos y profesionistas de la salud que, aun

queriendo ayudar, no pueden trabajar sin insumos.

Lo que debería ser un derecho humano incondicional se convierte, día a día, en una

travesía desgastante para millones de personas. Y esta travesía golpea con

particular fuerza a quienes viven con enfermedades crónico-degenerativas como la

diabetes, condición que no espera, no se detiene y no perdona interrupciones. Aquí

el medicamento no es un complemento: es parte de la vida cotidiana, una

herramienta imprescindible para evitar complicaciones graves que pueden aparecer

en cuestión de días o incluso horas.

Cada falta de insulina, cada retraso en la entrega de metformina, representa un

riesgo real. Las visitas médicas, toma puntual de medicamentos, ajustes

alimentarios se desmorona en cuanto el sistema deja de responder. El desabasto no

es una molestia: es un peligro. Y, al mismo tiempo, es una carga económica

considerable para las familias. Cuando el Estado no garantiza los insumos, las

familias deben asumir costos altos en farmacias privadas, recortando gastos

esenciales para poder pagar lo que debería estar incluido en su derecho a la

atención médica.

La injusticia se vuelve evidente: quien posee recursos resuelve el faltante con

dinero; quien no los tiene queda a la deriva. La desigualdad, entonces, se

profundiza. El derecho consagrado constitucionalmente se transforma en un

privilegio que depende de la capacidad económica de cada persona. El sistema deja

de ser universal y se convierte en un laberinto lleno de barreras, donde cada

obstáculo repercute directamente en la salud, el ánimo y la estabilidad de quienes

dependen de tratamientos continuos.

A esta fragilidad se suma un riesgo pocas veces mencionado: cuando falla el sector

público, crece la tentación de recurrir a mercados alternos o informales. Estos

espacios suelen ofrecer medicamentos a menor precio, pero sin garantías de

trazabilidad o calidad. Las personas que viven con diabetes por ejemplo podrían

verse obligadas a comprar insulina que no ha sido almacenada en condiciones

adecuadas, que no cuenta con controles de refrigeración o, peor aún, que puede ser

falsificada. La desesperación abre la puerta a peligros adicionales, y el desabasto se

convierte así en un problema que trasciende lo administrativo: afecta la seguridad

sanitaria del país.

El gobierno ha intentado responder con medidas de gran escala, como la llamada

“megacompra” de medicamentos o la centralización de adquisiciones. Aunque estas

iniciativas han mostrado avances en algunos sectores, lo cierto es que todavía no

han logrado resolver el problema de fondo. Persisten fallas logísticas, compras

incompletas, retrasos en la distribución y una desconexión constante entre las

decisiones nacionales y las necesidades reales en clínicas y hospitales locales. En

muchas unidades, los pacientes siguen oyendo la frase que lo resume todo: “Aún no

llega”.

Por eso, la sociedad civil se ha vuelto un actor indispensable para entender,

documentar y enfrentar esta crisis. Plataformas independientes han dado

seguimiento puntual a los faltantes, y una de las más relevantes es Cero Desabasto,

con quienes tenemos un vínculo. A través de esta alianza, hemos podido ser

testigos de casos, visualizar reportes, visibilizar tendencias y presionar a las

autoridades para que reconozcan que esta problemática no es una serie de

episodios aislados, sino un fenómeno estructural que requiere soluciones profundas

y sostenidas.

Las personas que reportan desabasto no lo hacen solo para quejarse: lo hacen para

que otras no pasen por lo mismo, para que quede constancia de que el sistema está

fallando, para que los responsables tengan que responder con datos y no con

discursos. En nuestra experiencia colaborando con Cero Desabasto, hemos visto

cómo esos reportes individuales, que en apariencia podrían parecer pequeños, se

convierten en evidencia poderosa cuando se acumulan. No solo reflejan una

tendencia: revelan un patrón nacional.

Además de esta labor de vigilancia, el litigio también es otra vía crucial. Miles de

personas han recurrido a amparos o quejas formales para exigir que el Estado

cumpla con su obligación. Sabemos que ninguna familia debería llegar al punto de

tener que demandar para obtener una insulina o un antihipertensivo. Sin embargo,

estos mecanismos se han convertido en herramientas indispensables ante la falta

de soluciones estructurales. El litigio estratégico no solo busca resolver casos

individuales, sino sentar precedentes que obliguen a las instituciones a mejorar sus

prácticas y asumir su responsabilidad.

Esta defensa no ocurre en solitario. Cada vez más académicos, médicos y

especialistas se suman para generar estudios que analizan el impacto sanitario,

económico y social del desabasto. La evidencia científica respalda las demandas

ciudadanas y evita que el tema se reduzca a narrativas simplistas o a explicaciones

de coyuntura. La crisis no es repentina ni anecdótica: es estructural, compleja y

profundamente humana. Y la academia ayuda a demostrarlo con datos,

metodologías y análisis que fortalecen la argumentación pública y jurídica.

En paralelo, las redes comunitarias han descubierto formas de mitigar el daño

inmediato. Se han organizado bancos de medicamentos, campañas de donación y

mecanismos de apoyo solidario. Aunque estas iniciativas no sustituyen la obligación

del Estado, sí representan una muestra clara de la capacidad ciudadana para

responder ante la urgencia, especialmente cuando las personas con enfermedades

crónico-degenerativas no pueden esperar.

Al final, esta crisis nos obliga a mirar de frente la distancia entre el derecho y la

realidad. El derecho está escrito, sí, pero sigue sin materializarse para muchas

personas que dependen de un medicamento diario para vivir con dignidad,

estabilidad y salud. La lucha por el abasto no es técnica ni burocrática: es una lucha

por la vida cotidiana, por el bienestar de millones, por la igualdad de oportunidades

para quienes no pueden detener su enfermedad mientras el sistema decide si

entrega o no un medicamento.

La indignación que sentimos como Asociación, como pacientes, como ciudadanos

no puede quedarse en el plano emocional. Debe transformarse en acción, monitoreo

y evidencia. En exigir, con firmeza y claridad, que el derecho a la salud no se quede

en el papel.